Sobre la interrupción del embarazo

Nuevamente se debate en nuestra sociedad el tema de la interrupción de embarazos no deseados, este es uno de los muchos problemas sociales que en nuestro país, en pleno siglo XXI, continúan sin solución.

Las primeras involucradas en este tema deberíamos ser las mujeres, pero de nuevo políticos y religiosos nos arrebatan el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, aunque somos más del cincuenta y dos por ciento de la población mexicana, seguimos siendo consideradas un grupo vulnerable en tanto que somos marginadas en materia de educación, de salud, de acceso a la información, de políticas públicas acordes a la realidad, violentadas dentro y fuera de casa, cuando niñas y también como adolescentes, como adultas y mujeres maduras, explotadas laboral y sexualmente, relegadas y humilladas de forma sistemática en nombre de la moral pública que norman líderes católicos que utilizan recursos públicos para comprar tangas, curas pederastas, políticos pedófilos. ¿Quién les ha dado derecho de hablar en nuestro nombre?, nosotras con nuestro silencio.

El problema del aborto no tendría las dimensiones actuales si existiera un proyecto educativo que incluyera educación sexual con información científica, laica y actual, y con docentes capacitados y sensibilizados. Veracruz, según datos de la Secretaría de Salud, ocupa el primer lugar nacional en embarazos en adolescentes, el primer lugar en decesos de adolescentes por abortos mal practicados y uno de los primeros lugares en casos de contagio de VIH, el problema aquí no es si debemos o no tener programas de prevención, de si debemos o no legalizar la interrupción de embarazos no deseados, sino cuándo vamos a contar con un programa de salud pública que garantice la realización de abortos en condiciones que no pongan en riesgo la vida de las mujeres, cuándo vamos a empezar una campaña seria de educación sexual en las escuelas.

A lo que nos hemos enfrentado en la Fundación Caftanrojo cuando hemos sido invitados a impartir el Taller elemental de sexo protegido en alguna telesecundaria de los alrededores de Xalapa, es a la profunda ignorancia y desinformación que existe entre los estudiantes y los maestros, además del desinterés por parte de estos últimos a abordar el tema con sus alumnos ya que al hablar de sexualidad cada quien se enfrenta a su propia experiencia de vida, cómo ayudar a adolescentes ávidos de información si el docente se encuentra en la misma situación que el alumno, con la diferencia de que en la mayoría de los casos a este último ya no le interesa investigar, ya es un adulto “formado” y está inmerso en la dinámica diaria de trabajo para conseguir un salario que le permita adquirir las cosas que anuncian por la televisión.

El tema rebasa el asunto meramente legislativo, es una problemática de salud y de educación pública, si nos remitimos a las estadísticas nos encontraremos que el aborto ha sido y es un práctica cotidiana en la población femenina, y que al encontrarse penalizada (para quien se practica un aborto y para quien la ayuda a ejecutarlo) obliga a las mujeres a realizarla en la clandestinidad con serias consecuencias en su salud y en su integridad física, primero y después en su libertad, quienes son creyentes de alguna religión que prohíba la práctica también tienen que enfrentar serios problemas de culpabilidad y conciencia, aunado a esto la situación económica de una mujer que se vea en la necesidad de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, ya que una mujer no puede acudir al servicio de salud pública para solicitar una intervención de este tipo, tiene que buscar a algún médico y en la mayoría de los casos a personal no capacitado que ayudará a la mujer, sin hacer muchas preguntas, pero que a cambio de su silencio y complicidad, cobrará una buena suma de dinero, que la mayoría no tiene. Por otra parte, la situación actual representa un gasto inmenso para el sistema de salud pública, hace tres décadas, Víctor Urquidi y Silvia Lemus realizaron una investigación que demostró que con la cuarta parte de lo que gastaban las instituciones de salud en atender a víctimas de abortos mal practicados, se podían realizar gratuitamente y en condiciones adecuadas la totalidad de abortos del país. Esos datos mantienen su vigencia.

Las mujeres con poder adquisitivo no tienen problema, pueden viajar a países donde esta practica es legal y realizan la interrupción del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas, ellas no cometen ningún delito, como tampoco lo cometen las que se someten a un legrado para regularizar la menstruación en alguna clínica privada, el problema radica en las mujeres pobres, sin educación, sin capacidad económica, sin herramientas para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, el estigma social y la pena legal recaen en las mujeres pobres que no son escuchadas por los doctos legisladores y que son condenadas por los ministros religiosos.

El Gobierno del Distrito Federal legalizó recientemente las Sociedades de Convivencia, de esa manera puso fin a siglos de discriminación e intolerancia, con la despenalización de la interrupción del embarazo se pondrá fin a otra forma de discriminación en contra de las mujeres, sobre todo en contra de las mujeres pobres. Corresponde a cada mujer decidir sobre su propio cuerpo, decidir si desea o no tener uno o más hijos; nadie, ningún político, ningún líder religioso, ningún cómico de carpa tiene derecho a decidir por los demás.